Las relaciones con las autoridades generan dudas muy prácticas. Respondemos las preguntas más frecuentes sobre trámites, multas y conflictos con dependencias gubernamentales.
Lo primero es mantener la calma y no obstruir la inspección — hacerlo puede agravar su situación. Pero tampoco debe permitir que los inspectores actúen fuera de sus facultades legales.
Toda inspección debe cumplir requisitos mínimos. El inspector debe identificarse, presentar una orden de inspección firmada por autoridad competente y explicar el motivo y alcance de la visita. Si no presenta estos documentos, usted tiene derecho a negarse a recibirlos.
Durante la inspección, tome nota de todo. Si levantan un acta, léala con cuidado antes de firmarla. Tiene derecho a hacer observaciones y a que queden asentadas en el documento.
No firme nada que no entienda ni acepte infracciones que considere injustas solo por presión. Lo que firme en ese momento puede usarse en su contra después.
En Aroche & Cannon le asesoramos antes, durante y después de una inspección — ya sea de la STPS, el SAT, Protección Civil, COFEPRIS o cualquier otra autoridad.
Sí. La cancelación de un permiso o licencia es un acto de autoridad y, como tal, debe estar debidamente fundado y motivado. Si la autoridad no cumplió con ese requisito, o si el procedimiento fue irregular, usted tiene derecho a impugnarlo.
Los medios de defensa disponibles dependen de qué autoridad emitió la cancelación. En general, puede interponer un recurso de revisión ante la propia autoridad, un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o un juicio de amparo si se violaron sus derechos fundamentales.
Lo más importante es actuar dentro de los plazos legales. Dependiendo del tipo de acto, tiene entre 15 y 30 días hábiles para impugnar. Dejar pasar ese plazo puede significar perder el derecho a defenderse.
En Aroche & Cannon revisamos la resolución, identificamos los vicios legales y le representamos en el procedimiento de impugnación.
Una licitación pública es el proceso mediante el cual el gobierno contrata obras, servicios o adquisiciones con empresas privadas. Es una oportunidad real de negocio, pero el proceso tiene reglas estrictas que deben seguirse al pie de la letra.
Antes de participar, verifique que su empresa cumpla con los requisitos de la convocatoria: situación fiscal en regla, registro en el padrón de proveedores correspondiente y capacidad técnica y financiera para ejecutar el contrato.
Durante el proceso, revise con cuidado las bases de licitación — el documento que establece las condiciones, plazos y criterios de evaluación. Cualquier incumplimiento, por menor que parezca, puede descalificar su propuesta.
Si considera que el proceso fue irregular, puede presentar una inconformidad ante el Órgano Interno de Control o ante la Secretaría de la Función Pública.
En Aroche & Cannon le asesoramos en la revisión de bases, la preparación de su propuesta y la defensa de sus derechos si el proceso no se condujo con transparencia.
Sí, y hacerlo vale la pena en la mayoría de los casos. Las sanciones administrativas deben cumplir con requisitos legales precisos para ser válidas — y cuando no los cumplen, pueden anularse o reducirse significativamente.
Lo primero es revisar si la sanción está debidamente fundada y motivada. La autoridad debe explicar con claridad qué norma violó usted, por qué considera que la infracción ocurrió y cómo calculó el monto de la multa.
Los medios de defensa más comunes son el recurso administrativo ante la propia autoridad y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los plazos son cortos — generalmente entre 15 y 30 días hábiles desde la notificación.
En Aroche & Cannon revisamos la sanción, identificamos los argumentos de defensa y le representamos en el procedimiento correspondiente.
Una concesión es el acto mediante el cual el gobierno autoriza a un particular a explotar un bien del dominio público o a prestar un servicio que originalmente corresponde al Estado. Ejemplos comunes son las concesiones de agua, frecuencias de radio, explotación minera, transporte público o uso de playas y zonas federales.
Para obtener una concesión, el interesado debe presentar una solicitud ante la autoridad competente y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y legales que establezca la normativa aplicable. En muchos casos, las concesiones se otorgan mediante licitación pública.
Una vez otorgada, la concesión establece derechos y obligaciones claras para el concesionario. Su incumplimiento puede derivar en la revocación, por lo que es importante contar con asesoría legal desde el inicio.
En Aroche & Cannon le ayudamos a evaluar la viabilidad de su solicitud, a preparar la documentación requerida y a defender sus derechos durante la vigencia de la concesión.
Cuéntenos su caso. Le respondemos con honestidad.